Hasta que el juez esclarece que ese dinero es legal y tiene un propietario legítimo, se ingresa en una cuenta bancaria a nombre del juzgado que lleva el caso, suele ser en Banesto, que es la entidad bancaria que tiene un pacto con el Ministerio de Justicia. Si la sentencia dictamina que es dinero es ilegal o no pertenece al acusado pasa a ser propiedad del Tesoro Público.